Según una resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión el lunes pasado (10), el gobierno está preparando cambios en los campos de nombre condición social y sexo del Documento Nacional de Identidad (CIN), documento normalizado que debe sustituir a otras formas de identificación de los ciudadano. La razón social es un derecho garantizado por la ley en Brasil y debe ser respetado por los organismos públicos, empresas e instituciones educativas.
Así, la Cámara del Ejecutivo Federal de Identificación Ciudadana creó un grupo de trabajo integrado por representantes de cinco ministerios, además de Receta Federal y el Consejo Nacional de Directores de Organismos de Identificación. El objetivo principal es sugerir cambios a las reglas actuales, que fueron establecidas en febrero de 2022, en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
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La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), dependencia del Ministerio Público Federal (MPF), publicó una nota técnica, en noviembre del año pasado, criticando el decreto que establecía las reglas actual. Esto se debe a que el texto prevé la inclusión del nombre de registro al lado del campo de nombre social.
La previsión para la inclusión del nombre registral en el CIN para el PFDC no solo configura flagrante delito vulneración del derecho a la autoidentificación de la persona trans, ya que invalida su propia necesidad de usar. La agencia agrega:
”Además de sentar un precedente peligroso para la exposición vejatoria de un nombre que no representa a la persona que se quiere identificar, la requisito de incluir el sexo biológico, además de no contener ninguna necesidad administrativa o burocrática que lo justifique, incentiva violaciones a los derechos humanos de las personas que tienen un sexo registrado diferente a su identidad y expresión de género”, agregó. el organo.
Según el decreto publicado el lunes pasado (10), un proyecto de modificación de las disposiciones sobre Los campos de género y nombre social del Documento Nacional de Identidad deben presentarse en un plazo máximo de 60 días.
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