Las familias de bajos ingresos que no pueden inscribir a sus niños en círculos infantiles o preescolares públicos o concertados podrán empezar a recibir ayudas económicas para matricularse en instituciones privadas.
La autorización a los municipios y al Distrito Federal para crear el beneficio está prevista en el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 466/2018, que podrá ser votado el próximo miércoles (3) en el Pleno.
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El texto tenía un pedido urgente aprobado por los senadores y sería votado este martes (2), pero la votación fue pospuesta a pedido del senador Cid Gomes (PDT-CE). Pidió más tiempo para revisar el proyecto. La preocupación era que habría una transferencia de recursos de la educación pública al sector privado.
El autor del texto, el senador José Serra (PSDB-SP), dijo que esa no era la intención del texto.
“No se trata de transferir recursos de la educación pública al sector privado. No tiene nada que ver. Se trata de cubrir a las familias más pobres”.
Según él, entre el 20% más pobre de la población, un tercio de los niños de cero a tres años no tienen guardería. Serra destaca que estos primeros años son decisivos para el desarrollo de los niños.
La ponente, la senadora Rose de Freitas (Pode-ES) está de acuerdo. Para ella, el desarrollo cognitivo en la primera infancia no puede quedar fuera. El senador también explicó que el proyecto no genera gastos obligatorios, solo da opción a los alcaldes, si pueden otorgar el beneficio.
Según el proyecto, los alcaldes y el gobernador del DF están autorizados para crear el programa, siempre que haya recursos disponibles. La ayuda se distribuirá a los beneficiarios de Bolsa Família que tengan hijos de 0 a 5 años y que no estén matriculados en unidades de enseñanza públicas o adscritas.
Las familias cuyos padres no reciben ayuda de guardería o preescolar de las empresas para las que trabajan podrían recibir el beneficio. El valor de la ayuda será determinado por el alcalde o gobernador del DF. No puede consumir recursos ya asignados a la educación básica pública.
Además, podrá ser reajustado anualmente por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado (IPCA). El texto no lo hace obligatorio, sino que solo presenta la posibilidad de reajuste. Para mantener la ayuda, los padres deben acreditar el pago mensual de la guardería privada.
El texto también determina que, de faltar vacantes en unidades educativas públicas o asociadas cuidado de los niños, los sistemas educativos deberán divulgar, cada año escolar, a través de Internet, los criterios adoptados para la registro.