El pasado martes (7), el Consejo de Ministros de España aprobó un proyecto de ley para la Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Este proyecto requiere que todos los agentes de la cadena alimentaria desarrollen un plan de prevención que tenga como objetivo evitar el desperdicio.
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Tras esta aprobación, el proyecto será remitido a trámite parlamentario. Luís Planas, ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, dijo en una conferencia que la ley es “un instrumento legal pionero para evitar la ineficiencia en la cadena alimentaria, que trae consecuencias económicas, por la pérdida de lo que se produce y no se utiliza; social, por necesidades no cubiertas desde el punto de vista nutricional; ambiental, a través del uso de los recursos naturales; y ética, en un mundo donde, por desgracia, todavía hay hambre”.
El proyecto pretende establecer soluciones frente a los residuos que se deben llevar antes de que los alimentos lleguen a los vertederos.
Si no es posible utilizar alimentos para consumo humano, la prioridad número 2 es transformarlos en subproductos, como jugos o mermeladas. Y, sin embargo, existe una tercera forma de uso, que es la alimentación animal. La ley también menciona la posibilidad de uso en la producción de subproductos industriales, compostaje y biocombustibles.
Desde bares más pequeños hasta grandes centros comerciales, deben adoptar las nuevas reglas. Las empresas estarán obligadas a informar anualmente cuánto se desperdicia y fomentar la venta de productos con fecha de caducidad próxima a su vencimiento.
“Las causas del desperdicio de alimentos están relacionadas con errores en la planificación y en el momento de la cosecha, uso de prácticas de producción inadecuadas y manipulación, condiciones de almacenamiento deficientes, técnicas y prácticas minoristas deficientes por parte de los proveedores de servicios y comportamiento inapropiado por parte de consumidores”, dijo el Ministro de Agricultura.
Quienes no respeten las nuevas normas serán sancionados con una cuantía que oscila entre los 200 y los 60 mil euros en casos de infracciones graves, como impedir la donación de alimentos y no donar sobrantes a entidades sociales. Si hay reincidencia, el cargo será de 500 mil euros.
Según el Ministerio de Agricultura, las familias españolas desperdician anualmente 1.364 millones de kilos de alimentos, lo que supone una media de 31 kilos por persona. Sin embargo, la nueva ley no prevé sanciones por los residuos domésticos. Para las casas españolas, el foco serán las campañas de sensibilización con guías de buenas prácticas con la alimentación.
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