El Supremo Tribunal Federal (STF) es la máxima instancia del poder judicial brasileño, considerado como la 4ª instancia.
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Cuando el STF decide algo, no hay apelación ante ningún otro tribunal en Brasil.
Si una persona presenta un reclamo en un tribunal inferior y no siente que la sentencia fue justa, y Si hay apelación, el caso pasa a la Corte de Justicia del estado donde se encuentra el ciudadano, que es el 2do. instancia.
Si no está de acuerdo con la decisión del juez, el caso pasa a la Corte Superior de Justicia (3ra instancia). Finalmente, la persona tiene la posibilidad de apelar ante el STF, que es la 4ª y última instancia de la Justicia brasileña.
Los ministros del STF también tienen las funciones principales de definir si una ley o acto normativo federal o estatal es constitucional y de juzgar al presidente del país, así como el vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional y el Procurador General de la República, además de tener la función de juzgar a los ministros de la STF.
Es el máximo órgano del Poder Judicial brasileño, integrado por 11 ministros. Corresponde a estos ministros juzgar los casos en todo el territorio nacional.
Los ministros del STF son designados por el Presidente de la República y deben recibir la aprobación de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal para desempeñar su cargo.
El Senado debe verificar que los candidatos propuestos por el presidente tengan conocimientos jurídicos y buena reputación. Si no están involucrados con denuncias graves, como en casos de corrupción, por ejemplo.
En noviembre de 2018, el Senado Federal permitió un aumento del 16,3% en el salario bruto de los ministros del STF. Eso provocó que el salario medio de los ministros de R$ 33,7 mil se actualizara para R$ 39,3 mil por mes.
Además, sumado a este monto, los ministros reciben muchos otros beneficios, como la propina navideña, pasajes aéreos, ayudas para la vivienda y viáticos.
Todos los demás cargos del Poder Público tienen como tope máximo el salario de los ministros del STF. Con el aumento de ese valor en 2018, los ingresos de los funcionarios tienden a aumentar en cascada, costando al menos R$ 1,7 mil millones a las arcas públicas en 2019.
