Un retrato de la precariedad de la educación brasileña, cuatro de cada diez profesores de educación básica de la red pública tienen una formación inadecuada. La conclusión forma parte del informe del Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU), al analizar tres proyectos de formación docente creado por el Ministerio de Educación, con el objetivo de lograr el objetivo de formar a todo el personal docente del país mediante 2024.
Este objetivo fue el más relevante (meta número 15) de la planificación decenal del ministerio, anunciada en 2014 y titulada “20 metas del Plan Nacional de Salud”. Educación”, con miras a garantizar que los profesionales tengan, el próximo año, un perfil de educación superior compatible con sus respectivas áreas de conocimiento.
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En cambio, hace prácticamente diez años la realidad recurrente era que los docentes no contaban con formación específica para las materias que impartían, como matemáticas, física, química, biología, entre otros.
Desde entonces, esta precaria situación ha cambiado poco. Tras un examen detallado del mencionado 'objetivo 15', el TCU concluyó, a finales de julio pasado, que, en promedio, El 37,4% de los docentes tiene una formación incompleta o inadecuada para las funciones que desempeñan en el enseñando.
Ni siquiera como consuelo – Aunque no sea un consuelo, la situación fue aún peor en 2013, cuando el 49,5% de los educadores no estaban debidamente formados. En una nota, el Tribunal de Cuentas subraya que “a pesar del crecimiento, estos porcentajes están muy por detrás del objetivo [para 2024] del 100 % [de los graduados] en todas las etapas de la educación básica”.
El MEC, por su parte, afirma en una nota haber creado un “grupo de trabajo encargado de proponer políticas para mejorar la formación inicial de los docentes”, además de destacar el aumento, a 90 mil y 100 mil, el número de becas para el inicio de la docencia en 2023 y 2024, respectivamente.
Otro argumento esgrimido por el ministerio es su compromiso de construir “una política nacional de alfabetización, que incluiría programas de educación continua que serían ofrecidos por los estados y condados"
Análisis de tres proyectos. – El TCU, por su parte, analizó los tres proyectos de formación docente creados por el Sindicato, con el fin de alcanzar el objetivo mencionado. El primero de ellos, Pril (Programa Institucional de Promoción e Inducción de la Innovación en la Formación Inicial Continua de Docentes y Directores), tendría como objetivo garantizar una “mejora innovadora” en los planes de estudio de los docentes que ya formado. Por el rechazo de las universidades, aunque el atractivo sea financiar cursos para instituciones educativas superior, Pril resultó en una ‘baja adherencia’, bajo el argumento de que este programa “contravendría la autonomía del universidad".
El segundo proyecto, denominado Parfor (Plan Nacional de Formación Docente de Educación Básica) tendría como misión ofrecer carreras de grado en el área de labor docente. A pesar de que el presupuesto para este programa se ha desplomado un 65% en el período de 2019 a 2021, la Capes (Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de la Educación Superior) destaca que el aumento La rotación de profesores interinos “hace inviable el seguimiento del programa”, debido a la facilidad de estos profesionales, una vez matriculados, para abandonar la docencia dentro del año Siguiente. Como si estos argumentos no fueran suficientes, los departamentos de educación no brindarían apoyo logístico y financiero para garantizar la permanencia de los docentes en los cursos del Parfor.
El tercer y último proyecto, el Sistema Universitario Abierto de Brasil (UAB), destinado a la habilitación y perfeccionamiento de los educadores a distancia, sufrió un duro golpe por un recorte presupuestario que alcanzó el 28% entre 2019 y 2021, a pesar de su misión de “ampliar e internalizar la oferta de recursos para carreras de educación superior en el país”.
Sin capacidad para articular – Para completar la crisis, el sector perdió su capacidad de articulación, luego de que el expresidente Jair Bolsonaro aboliera la Secretaría de Articulación con los Sistemas Educativos. (Sase), hasta entonces, encargada de articular el Plan Nacional de Educación (PNE), a favor de una mayor interacción entre las secretarías de educación estatales y municipales con universidades. “Había una red que ayudaba a estados y municipios en la implementación de políticas integradas, pero el MEC prefirió ejecutar proyectos específicos, como escuelas cívico-militares, afirmó el presidente de la Undime (Unión de Directores Municipales de Educación), Luiz Miguel Martins García.