Una joven con ropas andrajosas y zapatos con agujeros. Así se puede caracterizar la actual Constitución federal, que cumplió 35 años de su promulgación, el pasado jueves (5), con pocos o ningún motivo de celebración.
Concebida como un hito para la superación del antiguo (y autoritario) régimen militar impuesto al país desde hace 21 años, la Carta Magna es excelente en sus intenciones, pero deja mucho que desear en la práctica.
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Cuando fue acuñada la ‘Constitución Ciudadana’ –por enfatizar los derechos y garantías individuales– por su mayor creador, el diputado Ulysses Guimarães (PMDB/SP), la motivación básica para defender la democracia es la mayor pérdida para el país, ya que la forma de representación política, las elecciones directas para cargos en el Legislativo y Ejecutivo, carecen de un instrumento básico, el control social del desempeño del parlamentario, alcalde, gobernador o presidente de la República.
En este caso, el 'civicismo' de los brasileños se limita al acto de votar, nunca acompañado del acto de 'exigir', sobre todo porque ya no dan importancia a los programas de seguridad social. Prioridades de gobierno o mandato, relegadas a un segundo plano, en favor de fachadas de marketing y fake news atractivas, oportunistas, si no, difamatorias al honor. extraterrestre.
Sin demandas efectivas de la sociedad (des)organizada respecto del uso y asignación del dinero público, las políticas públicas están a merced de conveniencias políticas y partidistas, en las que la discontinuidad de obras y servicios esenciales para el población.
Esto se desprende del hecho de que más de 100 millones de brasileños, en el siglo XXI, ni siquiera tienen el derecho fundamental a un saneamiento básico, mientras que otros 35 millones no tienen acceso al agua tratado.
Los datos provienen del Instituto Trata Brasil, según un informe publicado en marzo pasado por el sitio web G1, basado en indicadores 2021 del Sistema Nacional de Información Sanitaria, que analizó un universo de los 100 más populoso.
Otra deformidad se puede observar en el artículo 2 de la gran ley, que trata de la separación de “poderes de la Unión (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), independientes y armoniosos unos con otros”, hoy sustituidos por la opulencia del Poder Judicial, que asume el papel ejecutivo y formulador de leyes, en directa afrenta a este principio básico. constitucional.
Como destaca el experimentado periodista en asuntos de la Capital Federal, Alexandre García, en un reciente artículo del diario ‘Estado de Minas’: “Quienes operan las instituciones están ahí en nuestro nombre; Quienes redactaron la Constitución y las leyes lo hicieron en nuestro nombre y con nuestro voto. Quienes hacen funcionar la administración estatal son nuestros servidores. Pero todo esto queda en la teoría, porque en la práctica quienes recibieron el poder del pueblo se sienten dueños del Estado, de la ley y de las instituciones, mientras que a nosotros nos tratan como sirvientes, pagadores de impuestos que sustentan poderes en tres niveles –y esto no es democracia, que es el ejercicio del poder por el pueblo, gobernado por Constitución".
En consecuencia, el irrespeto a la Ley Magna resucita la regresión, la arbitrariedad, de los tiempos de la dictadura, precisamente lo que se pretendía erradicar, para siempre, siguiendo el ejemplo de la hipertrofia de la Unión en cuestión tributaria, ya que concentra prácticamente la totalidad de los ingresos nacionales, redistribuidos según la voluntad del ocupante del Planalto, sepultando el federalismo que define a la República. patria.
Volviendo al tema del 'aclamado' y pronto olvidado 'control social', García menciona los modelos europeo y yanqui de votación distrital, nunca aprobados por el Congreso. Nacional, por razones obvias, ya que esto conferiría, de hecho, poder al elector para exigir “in loco” a su “vecino” electo, el cumplimiento de las “promesas de campaña'.
Por último, siempre es bueno recordar el dicho del genio de la carrera, el eminente jurista Rui Barbosa, y su célebre frase: “La peor dictadura es la del Poder Judicial, porque contra ella no hay quien pueda apelar”, como la polémica invasión de competencia del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre otros poderes, como ¿de que? Defensa de la democracia.
Queda por ver de qué democracia estamos hablando. Ciertamente de grupos de interés específicos, nunca de la mayoría, como es el significado de la palabra demo (pueblo) cracia (gobierno), en la traducción libre del griego.
Para colmo, otra quimera pregonada es el precepto constitucional de que “la ley es para todos”, contradicho por la liberación de presos ricos o altamente peligrosos, mucho antes de que se cumpla la ley. pena, es decir, la Justicia es para quienes tienen recursos económicos para apelar las sentencias, que ya pasaron a ser firmes e inapelables, hasta obtener la libertad, financiada por la defectuosa estructura judicial. nacional.