La Comisión de Educación (CE) aprobó este martes (23) que los hijos o dependientes de mujeres que hayan sido víctimas de la violencia intrafamiliar tendrá cabida garantizada en las escuelas de educación básica de las instituciones más cercanas a donde se encuentran viviendo. Esta matrícula debe ser garantizada aunque no existan más vacantes en la institución.
El relator, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), explicó que uno de los objetivos es atender a las madres que se ven obligadas a mudarse repentinamente por las agresiones que sufren.
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“Aunque hay disposición en la LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Ley 9.394, de 1996) que el deber del Estado con la educación será cumplido al garantizar una plaza en el colegio público más cercano a la residencia, no siempre es esta la realidad que se observa, sobre todo en los colegios con la demanda supera la capacidad”, agregó el senador, cuyo proyecto también determina que se deben conservar los datos del estudiante trasladado en esta situación en secreto
El proyecto va al plenario y, a pedido de la senadora Leila Barros (PSB-DF), la CE sugirió urgencia en su análisis.
Eduardo Gomes citó datos de una reciente encuesta realizada por Datafolha en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, sobre la situación de violencia contra las mujeres en el país. Según la encuesta, titulada Visibles e Invisibles.
La victimización de las mujeres En Brasil, sólo el año pasado, 16 millones de mujeres (el equivalente al 27,4% de las mujeres de 16 años o más) sufrieron algún tipo de violencia. Entre ellos, 1,7 millones fueron amenazados con cuchillos o armas de fuego y 1,6 millones sufrieron palizas o intentos de estrangulamiento.
“Cada hora 536 mujeres sufren algún tipo de violencia física en este país. El 23,8% de ellas denuncia a su marido, novio o pareja como agresor. Otro 15,2% reporta agresión por parte de excónyuges, exparejas o exnovios. Eso demuestra que además de combatir esta terrible herida, también tenemos que brindar apoyo”, dijo el senador en en relación al proyecto votado, que busca no perjudicar el progreso escolar de los hijos o dependientes de la mujer asaltado.