Recientemente, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las facturas de energía eléctrica deben estar sujetas al ICMS con base en la tarifa de cada región. Por tanto, provocará que la factura energética y telefónica sufra reducciones relevantes según la región.
Sin embargo, especialistas refutan la decisión bajo el argumento de la reducción de la recaudación nacional, que debería tener una reducción de alrededor de R$ 800 millones. Recién en 2022 podrá impactar negativamente en la promoción de los servicios públicos.
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En Ceará, por ejemplo, al reorganizar las cuentas, se deberán insertar nuevas políticas con la Asamblea Legislativa del estado, lo que podría causar muchas demoras en las decisiones. En esta línea, cabe señalar que también habrá un impacto en las elecciones del próximo año.
La reducción de los ingresos estatales consiste en la obligación necesaria de los estados de obedecer el principio de Selectividad - principio específico de la ley tributaria - que determina la observancia de la esencialidad del producto a los efectos de aplicar una tasa mayor o superior inferior a la tarifa estándar para esa región, razón por la cual varios gobiernos ya se han articulado para reclamar la aplicación solo de desde 2023
La reducción de los ingresos dificulta que los estados financien los servicios sociales básicos, porque utilizan las tarifas sociales para ayudar a las clases más pobres de la población.
Por otra parte, es posible afirmar que la misma decisión trae buenas noticias para la población, ya que puede estabilizar la economía. Por tanto, podemos pensar en otros bienes que también son imprescindibles, como el combustible.
El producto tiene uno de los valores más altos en la historia de este país.
Siempre tomando como ejemplo el estado de Ceará, la tasa estándar del ICMS es del 18%. Sin embargo, en relación al combustible, el ICMS es del 29%, esto para un bien de primera necesidad como es la gasolina. Por lo tanto, posibilita la movilidad, el transporte de alimentos, medicinas y otros.
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