La amnistía fue instituida por el Congreso Nacional, tema que ya estaba previsto en el CLP 96/2018, es decir, el indulto de multas e infracciones aplicadas a las empresas por retrasar sus entregas de la colección de FGTS e Información de la Seguridad Social (GFIP). El PLC 96/2018 es un proyecto que fue aprobado por los parlamentarios, pero poco después recibió el veto del presidente Jair Bolsonaro (veto 71/2021). Para restablecer la amnistía, senadores y diputados federales revocaron el veto presidencial el pasado martes 5 de julio.
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En la votación celebrada en la Cámara, 414 diputados se mostraron a favor de derrocar el veto. En el Senado teníamos un récord de 69 votos a favor del derrocamiento. Ahora, el PLC 96/2018 puede convertirse en ley.
Este proyecto fue de autoría del diputado federal Laercio Oliveira (PP-SE), siendo iniciado por vía de tramitación en la Cámara, luego analizado por el Senado y devuelto a la Cámara, donde fue aprobado. Al poco tiempo, el asunto terminó siendo enviado a sanción por parte de la Presidencia de la República. Bolsonaro, sin embargo, terminó rechazando el texto por completo, alegando que era contrario al interés público.
En un principio, la propuesta se restringió al beneficio del período de 2009 a 2013. Luego de la aprobación de la sustituta, entonces, la amnistía se extendió a las multas que se habían aplicado hasta la fecha de aplicación de la futura ley.
Finalmente, esta medida no dará lugar a la devolución de las cantidades ya pagadas. La amnistía se aplicará únicamente a los casos que no estén obligados a tener pagos del Fondo de Indemnización por Cesantía (FGTS).
Geógrafo y pseudoescritor (o no), tengo 23 años, soy de Rio Grande do Sul, amante del séptimo arte y todo lo que implica comunicación.