Contra el clamor nacional por más financiación para la Educación, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), envió, el martes por la noche (17), a la Asamblea Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (Alesp), una PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional), que solicita una reducción del 30% al 25% de los ingresos estatales provenientes de inversiones en el sector educativo.
Como justificación de la medida, el jefe del Ejecutivo bandeirante argumentó que los 5 puntos porcentuales resultantes de la reducción presupuestaria estarían empleados en el sector Salud, el cual, según el gobierno local, “estaría presentando una demanda de gasto creciente, cada año”, debido a la aumento de la esperanza de vida de la población, así como la incorporación de nuevos tratamientos y medicamentos, como resultado del “avance tecnología".
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Otro reclamo de Freitas se fundamentaría en que la Constitución federal determina que los estados aplican el 25% de la sus recursos en la educación pública, mientras que São Paulo compromete hasta el 30%, al menos, de sus ingresos a esta meta.
En un apartado determinado, el proyecto de PEC destaca que, “en este escenario, el cambio que propongo en el texto constitucional es mantener el vínculo 5% (cinco por ciento) adicional de los ingresos tributarios, incluyendo recursos provenientes de transferencias, permitiéndose, sin embargo, este porcentaje que distinto del previsto en el artículo 212 de la Constitución Federal puede utilizarse para la educación, así como para financiar acciones y servicios de salud".
Más adelante, la propuesta del gobernador aclara que la intención sería 'flexibilizar la asignación adicional del 5%, para que se pueda utilizar este porcentaje'. tanto en el mantenimiento y desarrollo de la educación, como para el financiamiento adicional de acciones y servicios de salud, para fortalecer el sector salud en el estado.
Otro argumento del gobernador de São Paulo es que, "con el paso de los años, el valor de la tabla SUS se ha vuelto 'insuficiente' para cubrir los costos de procedimientos y tratamientos, y que la “asignación de recursos adicionales permitirá un mejor ajuste de los montos pagados a los proveedores de servicios, especialmente filantrópicos, fomentando la participación de profesionales e instituciones en el sistema público, con una expansión de acceso".
Al final del texto de la PEC, Tarcísio admite que el cambio presupuestario serviría para “incrementar la transferencia de valores del estado a los municipios, vinculados a indicadores de resultados, con el fin de mejorar la capacidad de gestión sanitaria de las administraciones locales, dando prioridad a la Atención Primaria la salud". Tras la consideración de las comisiones de Alesp, la PEC deberá pasar el escrutinio de diputados en el Pleno para luego ser sancionada por el gobernador.
