Los criterios básicos para distribuir recursos de las cuotas salariales de educación a los municipios han sufrido un cambio importante de cara a 2024. La alerta fue lanzada por la Confederación Nacional de Municipios (CNM), explicando que, en lugar de que la distribución tenga en cuenta la proporcionalidad entre Las matrículas de educación básica pública y el valor de la recaudación de salarios de educación (realizada al interior de cada estado), a partir del próximo año, serán consideró la proporción entre las matrículas de cada red educativa y la matrícula total de la educación básica pública, aplicada a la recaudación en alcance nacional.
De esta manera, el cambio – que surge de la sentencia de Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 188 del Supremo Tribunal Federal (STF), en 2022, (que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024) – entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024, fecha definida con el objetivo de “permitir previsibilidad presupuestaria a los gestores públicos”.
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Según la fuente, la ADPF 188 respondió a una solicitud de los gobernadores de los nueve estados de la región Nordeste, para que la distribución de las cuotas salariales en educación correspondiera únicamente a la proporcionalidad del número de estudiantes matriculados en la red de educación pública, lo que descartaría el origen de la fuente de ingresos como criterio para compartir el recurso.
Aunque recibió declaraciones contrarias de la Procuraduría General de la República (AGU), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría del Senado Federal, se consideró el reclamo nororiental otorgado por el STF.
La consecuencia de la decisión unilateral de la Corte Suprema es la pérdida de recursos por parte de los municipios de los estados con mayor producción y recaudación de esta contribución social, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro y Distrito Federal. En cambio, los municipios de los otros 21 estados se beneficiarían.
Respecto a la medida suprema, el CNM menciona la simulación de la decisión de la ADPF, presentada por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), al comentar que, si bien los valores están sujetos a cambios hacia arriba o hacia abajo (dependiendo del resultado del Censo Escolar 2023 y la vigencia recaudación en el año 2024), lo relevante es que los directivos sean conscientes de los posibles impactos del cambio en el salario educativo de sus Condado.
