Flávio Dino, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, anunció que liberará cerca de R$ 150 millones para ampliar los patrullajes escolares en todo el país. La medida fue tomada después de otra tragedia ocurrida en la mañana del último miércoles (5), en Blumenau (SC), en el que un hombre invadió la guardería Cantinho Bom Pastor, mató a cuatro niños e hirió al menos a otros tres.
Según la Policía Civil de Santa Catarina, el autor del ataque fue detenido luego de entregarse en la comisaría de la región.
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Dino anunció la medida en una entrevista en el Palacio del Planalto, luego de reunirse con el presidente y otros ministros.
“El monto inicial es de R$ 150 millones, del Fondo Nacional de Seguridad Pública, [destinados a] estados y municipios que tienen competencia constitucional para realizar este ostensible patrullaje. Los avisos públicos deben publicarse la próxima semana”, dijo el Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Además de esta medida, la carpeta anunció que intensificará el monitoreo de amenazas y la planificación de internet para ataques a escuelas. En total, 50 policías federales vigilarán exclusivamente este tipo de delitos, con base en un centro de la División de Operaciones Integradas (Diop), vinculado a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp).
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también actuó y anunció que se creará un grupo de trabajo interministerial, bajo la coordinación del Ministério de Educación.
Camilo Santana, actual ministro de Educación, dijo que en el grupo también participarán los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Salud, Deporte, Cultura, Comunicaciones, Derechos humanos y Secretaría General de la Presidencia.
“Este decreto de creación de este grupo de trabajo [es para que] podamos escuchar a los secretarios de educación, alcaldes, especialistas, y podamos construir políticas de prevención de la violencia en las escuelas, que puedan garantizar no sólo la prevención, sino acciones inmediatas y concretas”, dijo. Camilo.
El grupo tendrá una duración inicial de 90 días y deberá proponer diversas medidas, incluida la eventual publicación de decretos y proyectos de ley para combatir estos delitos.
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